La Cospedal demandada por injurias

A la "Cospedal" le van creciendo los enanos por méritos propios, a su demostrada capacidad de mentir sin rubor, ahora son los problemas judiciales los que sin duda van a marcar su agenda política en este año que hemos comenzado.
Y es que en política, señora Cospedal, no vale todo.

La Secretaria General del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha sido citada a declarar en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Madrid el próximo día 17 de febrero de 2.010 a las 11 horas en relación a la Demanda de Conciliación interpuesta por los creadores del grupo de Facebook “De Cospedal debe ser demandada por injurias”, Amelia Corominas García, Maite Espinosa Rivero, Alejandra Flores Jimeno, María del Mar Hernández Porras, Jesús Martínez González y quien les escribe, Carlos Rodríguez Ibáñez - y que cuenta con más de 4.500 adhesiones de toda España, tanto a título individual como de Organizaciones españolas y extranjeras. Así mismo desde el citado grupo se habilitaron enlaces al Defensor del Pueblo, Presidencia del Gobierno y Fiscalía General del Estado para que de manera individual se hicieran llegar las oportunas quejas y/o peticiones. Me consta que se realizaron cientos. Igualmente el grupo consensuó entre tod@s sus miembros un Manifiesto.



La Demanda de Conciliación presentada tiene su origen en las declaraciones realizadas este pasado mes de agosto en las que de Cospedal acusaba al gobierno de estar realizando escuchas ilegales a miembros del Partido Popular, declaraciones a las que no acompañó en ningún momento de prueba alguna. Con posterioridad la Sr. Cospedal ha seguido ratificándose en las mismas también sin pruebas.
Los demandantes exigimos un retracto público de sus manifestaciones en los mismos medios y formas que cuando las realizó. La Sra. de Cospedal tiene la gran oportunidad de declarar en sede judicial al respecto: Bien retractándose o bien reafirmándose en sus declaraciones aportando pruebas de sus acusaciones.


En caso de no ser capaz de retractarse la Sra. de Cospedal debería asumir las responsabilidades políticas lógicas por acusar al Gobierno de tan grave delito sin una sola prueba que lo demuestre o bien presentarlas y demandar a Gobierno por las indicadas escuchas ilegales.
¿Qué hará? El día 17 de febrero lo sabremos…. Pero sospechamos que no será capaz de presentarse y mucho menos de presentar prueba alguna, tanto en sede judicial como fuera de ella.